Padre de la víctima del magistrado hace la solicitud de juicio político

Fernando Figueroa Gómez, padre de la menor acosada sexualmente por el magistrado José de Jesús Covarrubias, presentó el jueves 25 de noviembre, la solicitud de juicio político de procedencia para el desafuero del acusado. Acompañado de su abogado Oscar Arturo Díaz, acudieron al Congreso del Estado en busca de justicia.

El abogado y asesor jurídico del padre de la víctima comentó que los videos que han circulado en redes sociales, en donde se ve la forma grotesca y grosera en que el magistrado agrede sexualmente a la menor, hija del señor Fernando, es un tema muy delicado ya que el magistrado tiene como obligación respetar los derechos y más tratándose de una menor.

Agregó que han presentando las denuncias, y que les causó mucha sorpresa que el poder judicial decidiera otorgarle una licencia a ese señor que sigue con su cargo de magistrado y cobrando. Por ello y para evitar cualquier cuestión o impedimento, solicitan que se le quite el fuero, para que Covarrubias enfrente las consecuencias como cualquier ciudadano.

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El abogado añadió que aunque se le haya retenido el 70 por ciento de su sueldo, sigue cobrando ese 30 por ciento que representa aproximadamente 50 mil pesos, por esa razón buscarán con la solicitud que se le retire el cargo y los diputados mediante el eco de la sociedad realicen lo conducente para que verdaderamente enfrente las consecuencias de sus actos.

Por su parte, la diputada local de Hagamos, Mara Robles refirió que van por tres acciones concretas contra el magistrado Covarrubias: el desafuero y la separación definitiva del cargo e inhabilitación, por ello la solicitud del padre de la víctima era necesaria. “Será un juicio de procedencia”, explicó.

Mara Robles mencionó que el que el padre de la víctima haya acudido al congreso en compañía de su abogado es un paso decisivo para que el Congreso del Estado “no se haga de la vista gorda”.

Por otro lado es importante señalar que el padre de la víctima declaró que ha recibido amenazas y se ha puesto en contacto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

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