Pasa en primera vuelta Reforma Integral de Samuel García a la Constitución de Nuevo León

Con observaciones de que no establece que en Nuevo León los ayuntamientos se eligen cada tres años y toman protesta el 30 de septiembre, y la propuesta de permitir a consejeras y magistrados electorales ser diputados pidiendo licencia un día antes de la campaña, el Pleno del Congreso local pasó, con 41 votos a favor, en primera vuelta, la reforma integral a la Constitución del estado, propuesta por el gobernador Samuel García.

Luego de leer el dictamen que contiene 223 artículos y cinco transitorios, durante cuatro horas, los diputados locales avalaron la primera vuelta, por lo que a partir del 1 de abril se abrirá un micrositio en la página del Congreso para que la ciudadanía opine, al tiempo que habrá foros con académicos, constitucionalistas, abogados, legisladores y todos los interesados.  

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Análisis de nueva constitución

Jessica Martínez, Coordinadora de Morena, enlistó más de 30 puntos, señalando que el Ejecutivo estatal lo presentó como una nueva constitución pero “no es nueva y de querer publicitarla como tal se debería haber llamado en convocatoria abierta a crear un grupo de personas libres que formarán un Constituyente como en la Ciudad de México o como sucedió en el Estado de Jalisco”.

“El 90 por ciento del contenido de esta supuesta constitución, es el mismo de la Constitución actual, por lo que no comparto la idea que nos quieren vender, de que se trata de una reforma integral necesaria. Me parece que era mejor entregar una iniciativa con los pocos artículos nuevos, sin trastocar todo el contenido.

"Teniendo la oportunidad de incluir en esta supuesta nueva constitución, un tema tan importante como el de la paridad total no se realizó, lo que a las mujeres nos deja igual que antes. Sin la innovación y actualización tan anunciada. Así que podremos decir que terminará la Constitución actual, para iniciar con otra exactamente igual en este tema a pesar de que en 2019 en la Constitución federal este fue ya un derecho ganado”, denunció.

La supuesta nueva constitución, destacó, continúa protegiendo la vida desde la concepción hasta la muerte natural, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya declaró inconstitucional esta medida en septiembre del año 2021.

“Lo que seguirá confundiendo a la sociedad sobre los derechos reproductivos, salud física y salud mental para las mujeres. Lo que es contrario a la supuesta necesidad de tener una constitución nueva, ¿para qué queremos una constitución nueva que tiene ideas medievales en ella?”, sostuvo. 

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Héctor García, del PRI y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, refirió que condicionaron, en asuntos generales, que es el mes de abril y mayo se realicen conferencias con académicos, con estudiosos del derecho, con la sociedad, con maestros con niños y con jóvenes para poder ir integrando un documento que sea enriquecido de origen.

“Necesitamos renovar la Constitución de la mano de la sociedad, así mismo me aprobaron un sitio en la página oficial del Congreso para que ahí abiertamente por qué no todo mundo podrá venir a un foro de trabajo o una conferencia. Creo que lo pueden hacer de manera digital, estamos muy contentos”, señaló.

Anylú Hernández, Coordinadora del PT, que votará en contra en la segunda vuelta, dijo que van a luchar por los derechos las mujeres y denunció al estado por no estar enfocado en en soluciones del agua potable, robos en carreteras, crisis en materia de transporte público, crisis de salud y alertas ambientales.

“Como es posible que un grupo pequeño de personas que no fue electo por el pueblo… ahora sé que fue un arduo trabajo pero yo tengo que decir lo que pienso, lo que siento y será mi voto en contra”, apuntó.

Eduardo Gaona, Coordinador de Movimiento Ciudadano, dijo que si los diputados locales pueden ponerse de acuerdo, "independientemente de sus corrientes de pensamiento o partido y que serán la base para que en un futuro puedan discutir temas más sensibles y de mayor complejidad”.

“Pretendemos estar a la altura de los retos más importantes de nuestro tiempo porque queremos un nuevo pacto social de acuerdo a la realidad. porque buscamos dejar un legado para las futuras generaciones porque seremos las y los que entreguemos a nuestros representados el símbolo de una nueva era política y social la nueva constitución política del Estado de Nuevo León”, apuntó.

Waldo Fernández, de Morena, dijo que el Congreso del Estado debe otorgar las facilidades administrativas para que los diputados puedan llevar a cabo un foro representativo por cada legislador, para recoger las inquietudes, en torno a las modificaciones constitucionales que requerimos.

“Si se quiere hacer un verdadero cambio tendríamos que dejar de hacer normas de corte aspiracional y mejor hacer un verdadero análisis presupuestal para que todos los ciudadanos puedan realmente hacer efectivos los derechos humanos, sobre todo los que son prestacionales. De nada sirven tenerlos en papel si el Estado no hace efectivos esos derechos.

“Se debe robustecer la participación ciudadana, rescatar la autonomía del municipio, inducir la actuación de un gobierno honesto, capacitado en coincidencia de objetivos”, enfatizó.

De acuerdo con el dictamen 15138/LXXVI, que contiene la reforma integral de 223 artículos, en poder de MILENIO/Multimedios, adiciona herramientas para instrumentar el derecho a la justicia, a la tutela judicial, al debido proceso y la asistencia jurídica gratuita, permitiendo que todos tenga acceso a una adecuada defensa.

“Se modifican diversos derechos a la justicia, a la tutela judicial, al debido proceso, así como la defensa jurídica asistida, prevaleciendo el criterio de gratuidad cuando la persona o víctima no tenga los recursos necesarios para solventar dicho proceso jurídico protegiendo el derecho de las personas a tener una adecuada defensa, principio constitucional que guarda este ordenamiento”, se lee en el dictamen.

El Estado, indican las consideraciones, garantizará el acceso a la justicia cívica de todas y todos los habitantes de la entidad, a través de mecanismos de resolución de controversias sin intervención judicial, con el fin de promover una cultura de la paz que coadyuve con la prevención de los delitos y la recomposición del tejido social. 

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“El Estado deberá promover una ley que alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico de la Entidad, promoviendo la competitividad y productividad”, se lee en el documento.

Raúl Lozano, del Verde: Consuelo Gálvez, de Nueva Alianza e Iraís Reyes y Brenda Sánchez, de MC, avalaron la propuesta del ejecutivo. 

rcm