Samuel García impugna ante SCJN protección de Fiscalía a directivo de Auditoría de NL
La ministra Yasmín Esquivel Mossa determinará si la demanda cumple con los requisitos de legalidad y es admitida a trámite para su análisis.
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El gobernador de Nuevo León, Samuel García. | Araceli López
El gobernador de Nuevo León, Samuel García, impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las medidas de protección emitidas por la Fiscalía General del Estado a favor de Alberto Barrera Cantú, titular de la Unidad de Seguimiento de la Auditoría Superior de esa entidad, de sus hermanos, así como de diversas empresas.
Este asunto fue turnado a la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien tendrá que determinar si esta demanda cumple con los requisitos de legalidad y es admitida a trámite para su análisis integral por el máximo tribunal del país o bien es desechada por improcedente.
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De acuerdo con las notificaciones públicas de la SCJN, este lunes fue registrada dicha controversia constitucional promovida por el gobernador Samuel García en contra de las medidas contenidas en el oficio 62531/23-01 emitido por la Fiscalía General de Nuevo León.
En dicho documento, con fecha del 19 de mayo pasado, la Fiscalía de Nuevo León previno a García Sepúlveda de abstenerse de “ejecutar cualquier acto de molestia, en los bienes, domicilio, familia o personas” de Alberto Barrera Cantú y de sus hermanos Mauricio y Federico, así como de las empresas FBC Consultoría de Negocios; Negocios 2.0, Hoteles Bapi, y Compañía Acqua Bene de México.
En el oficio, signado por Rodrigo Cavazos Sánchez, agente del Ministerio Público Orientador Adscrito al Centro de Denuncia Virtual de la Fiscalía estatal, detalla que esta determinación va dirigida al gobernador de Nuevo León, así como a una decena de integrantes de su gabinete, en particular de las Secretarías de Medio Ambiente, Trabajo, Salud, Finanzas, Unidad de Inteligencia Financiera y Económica, entre otras, así como al “resto de los titulares de las dependencias de la Administración Pública Central”.
Este asunto deriva de una denuncia de Alberto Barrera Cantú, quien denunció ser víctima de “acoso” por medio de “actos arbitrarios e intimidatorios” del gobierno de Samuel García.
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