Tras determinar que el FBI dio pruebas falsas, un juez ordenó la libertad supervisada de Raúl López Álvarez, quien pasó 36 años en prisión por inventar que asesinó al agente de la DEA.
Las autoridades tienen derecho de servirse de estas informaciones para reunir datos sobre amenazas extranjeras o pruebas criminales, pero según el tribunal han excedido esta función.
