Entre las leyes que se modifican con el decreto se encuentran la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Señalan que algunas leyes tienen 30 a 40 años de rezago, por lo que es necesario reformar el código penal, pues en ese entonces se vivía otra realidad social.
El Suprema Corte dio revés al gobernador de Nuevo León quien intentaba frenar las reformas aprobadas por el Congres local referentes a la Ley de Coordinación Hacendaria y la Ley de Administración Financiera.