Mauro Guerra, presidente del Congreso, destacó que el objetivo de esto, es el intercambio de experiencias legislativas que pudieran fortalecer el entorno normativo.
El acoso laborar es castigado conforme a las instituciones gubernamentales y las leyes mexicanas que protegen los derechos e integridad de los trabajadores.
El proceso legal necesario para la elaboración de estos recursos no ha sido adecuadamente seguido, y no se ha cumplido completamente con las leyes educativas actuales.
Rafael Bringas, director del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, consideró que hace falta un mayor reconocimiento hacia dicho sector de la sociedad, al señalar que en ocasiones no son tomados en cuenta para la elaboración de leyes.
