Aumenta corrupción de menores en Jalisco; el estado ocupa quinto lugar nacional
Expertos señalan penas insuficientes y piden estrategias integrales para proteger a la niñez.
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La corrupción de menores en Jalisco se castiga con entre tres y seis años de cárcel | Especial
Durante los primeros dos meses de este 2025, Jalisco ha registrado 27 denuncias por el delito de corrupción de menores, cifra que coloca al estado en el quinto lugar nacional en esta problemática, según datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública.
Encabezan la lista Guanajuato, con 90 casos; seguido de la Ciudad de México (57), Nuevo León (54) y Baja California (49). La situación ha encendido las alarmas entre especialistas y defensores de los derechos de la niñez, quienes exigen acciones más firmes por parte de las autoridades.
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El delito de corrupción de menores, de acuerdo con el Código Penal Federal, consiste en inducir, procurar, facilitar u obligar a un menor a participar en actos lascivos, sexuales, de exhibicionismo corporal, prostitución o ebriedad.
En Jalisco, este delito se castiga con entre tres y seis años de prisión, además de una multa económica. Si se emplea violencia, la pena aumenta a entre cuatro y siete años. Cuando se utilizan medios tecnológicos, la sanción se eleva a entre seis y doce años de prisión, y si la víctima es menor de 12 años, la pena incrementa una cuarta parte.
¿Qué municipios de Jalisco son un foco rojo en corrupción de menores?
El fenómeno tiene particular presencia en destinos turísticos como Puerto Vallarta y Chapala, donde el flujo constante de personas, la pobreza y la presencia de grupos delictivos crean un entorno propicio para este tipo de conductas. La doctora en Derecho, Lucía Almaraz, advirtió que no se trata de estigmatizar al turismo o a la población extranjera, pero sí de reconocer que estas condiciones representan un riesgo latente para los menores de edad.
“Puerto Vallarta ha sido escenario de casos muy graves, como el de un exfuncionario municipal sorprendido en 2020 abusando de una niña de 10 años. Recibió una sentencia de apenas cinco años y cuatro meses, y una multa de 400 mil pesos por reparación del daño. Este castigo es claramente insuficiente ante la gravedad del hecho”, comentó la especialista.
Las cifras muestran un crecimiento preocupante: en enero y febrero de 2024 se denunciaron 19 casos, igual número que en 2023. En 2022 fueron 14; en 2021 y 2020, 19 y 23 respectivamente. Es decir, los 27 casos de 2025 representan casi el doble de lo registrado hace tres años en el mismo periodo.
La doctora Almaraz considera fundamental que este delito sea analizado también desde el ámbito académico, para comprender sus causas estructurales y prevenirlo de manera más efectiva.
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“Los niños y niñas son vistos como mercancía por quienes cometen estos delitos. Por eso, debe haber una estrategia estatal que incluya prevención, atención a las víctimas, fortalecimiento de las instituciones, y castigos proporcionales al daño causado”, subrayó.
Asimismo, hizo un llamado a desarrollar políticas públicas con enfoque de derechos, en cumplimiento de los compromisos internacionales que México ha firmado.
“Es indispensable construir una estrategia de seguridad y prevención que proteja a las infancias, y que no solo reaccione ante los casos, sino que actúe para evitarlos. No podemos seguir permitiendo que los más vulnerables sean también los más desprotegidos”, concluyó.
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