Wendy fue entregada por una herencia a anexo clandestino donde la torturaron: “ahí todas éramos basura”
La madre y el hermano de Wendy fueron los encargados de orquestar el plan en el que Wendy sería privada de su libertad en Guadalajara.
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El 30 de diciembre de 2024, Wendy fue internada en contra de su voluntad a un anexo clandestino de Guadalajara | Especial
Lo que comenzó como un día normal terminó en una pesadilla para Wendy Coral Franco, madre de familia y defensora de derechos humanos, quien fue víctima de tortura y privación ilegal de la libertad en dos centros de rehabilitación de Guadalajara. La tragedia fue orquestada por su propia madre y hermano, quienes buscaron arrebatarle la herencia que le dejó su difunto esposo.
En entrevista exclusiva para TELEDIARIO, Wendy de 38 años, relató el calvario que vivió al ser internada contra su voluntad el 30 de diciembre de 2024. Ese día salió de casa de su madre, ubicada en la colonia Las Huertas, para recoger el pago del arrendamiento de sus parcelas. Su hermano se ofreció a acompañarla, pero lo que parecía un simple trámite se convirtió en un secuestro.
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“Voy saliendo de ahí de la casa de mi mamá y mi hermano hace señas, se arriman dos hombres y una mujer, me someten y me suben a un Tida blanco, yo forcejeo, me golpean para subirme al coche, en el lapso en el camino me iban golpeando porque yo iba pidiendo auxilio”, relató Wendy.
¿Cómo fue torturada en el anexo clandestino?
La tapatía fue llevada al centro de rehabilitación Cree Ser A.C., ubicado en la colonia Benito Juárez, un lugar que no aparece registrado en el Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco. Desde el momento en que cruzó sus puertas, su vida cambió drásticamente.
“Me ingresan, me quitan la ropa, me bañan con agua helada y estuve aproximadamente, no sé, perdí la noción del tiempo, pero de dos a tres días amarrada abajo de una litera”, narró Wendy.
A la fuerza, le cortaron el cabello con una navaja y la mantuvieron varios días sedada, sin acceso a su medicamento para la diabetes. Las condiciones dentro del centro eran deplorables:
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“Adentro muy deplorable, sí hay literas pero duermen yo creo aproximadamente unas 30 mujeres en el piso y en una litera individual meten hasta tres personas. Te condicionan tiempo para ir al baño, te dan tres segundos para orinar y seis segundos para defecar; los baños están sucios y tienes que entrar al baño en grupos”, denunció.
Después de varios días en el lugar, Wendy comenzó a vomitar sangre. Aunque fue trasladada a una clínica privada, lejos de recibir atención médica, la llevaron a otro anexo: Descubre-t, ubicado en la colonia San Andrés, también sin registro en el Consejo Estatal.
Fue hasta el 8 de enero de este año cuando agentes de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía del Estado llegaron al lugar, tras recibir información sobre su paradero. Luego de escuchar su testimonio y entrevistar al personal del centro, finalmente fue liberada.
¿Ha habido justicia tras este hecho?
Al salir, Wendy descubrió que su madre había declarado falsamente que su pareja la tenía drogada y dormida, pero las pruebas demostraron lo contrario.
“Mi mamá va y declara que mi pareja me tenía drogada, dormida, y en el último anexo la directora le enseña al de fiscalía que realmente me hicieron un antidoping, que había salido negativo todo”, explicó.
Ante estos hechos, Wendy presentó una denuncia y se abrió la carpeta de investigación número 4908/2025 en la Dirección de Unidad de Delitos Varios. Sin embargo, a pesar de las pruebas y la gravedad de los hechos, los anexos continúan operando sin restricciones y hasta el momento no hay personas detenidas.
La regulación de estos centros de rehabilitación es competencia federal, por lo que Wendy y su pareja enviaron un documento a la Secretaría de Gobernación, solicitando apoyo para la captura de los responsables y la implementación de medidas para evitar que más personas sufran abusos similares.
“Ahí no valía nada, ahí todas éramos una basura”, concluyó Wendy, con la esperanza de que su caso sirva para visibilizar la urgente necesidad de regular estos lugares y garantizar que los derechos humanos sean respetados en cada uno de ellos.
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