Bachelet se reunirá con víctimas en Venezuela por asunto de 'presos políticos'

CARACAS. — Cuando el 12 de mayo de 2017 la administradora Lisbeth Añez se disponía a abordar un vuelo comercial para viajar al exterior fue apresada por policías militares en el aeropuerto internacional de Caracas.

Añez, quien en sus tiempos libres solía llevar alimentos y medicinas a los presos, pasó a convertirse en uno de ellos.

Tras permanecer detenida cuatro meses en una de las sedes capitalinas de la policía política, acusada de traición a la patria y rebelión, Añez -conocida entre sus allegados como "Mamá Lis"- recuperó la libertad y decidió dedicarse a la lucha por los derechos humanos en Venezuela.

Este jueves la activista, de 52 años, participará con otras víctimas en una reunión con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para denunciar los casos de los llamados "presos políticos", uno de los temas más álgidos que deberá abordar la funcionaria en su visita.

Estos prisioneros, que se estiman en unos 693, se han convertido en los últimos años en una de las banderas de los activistas y la oposición para acusar al gobierno de Nicolás Maduro de violaciones a los derechos humanos, señalamientos que las autoridades han rechazado alegando que los opositores fueron apresados por delitos comunes.

Días antes de la visita de Bachelet fueron excarcelados al menos 21 “presos políticos”, entre ellos el diputado opositor Gilber Caro, acción que algunos activistas asumieron como un "gesto" del gobierno previo al arribo de la Alta Comisionada.

"Espero que ella se reivindique con nosotros", afirmó Añez al asegurar que espera que Bachelet escuche los testimonios de las víctimas y "se lleve su informe con la verdad".

La expresidenta chilena arribó la víspera a Caracas para cumplir una visita de tres días en la que se reunirá con Maduro, el líder opositor Juan Guaidó, el jefe del Tribunal Supremo de Justicia, el fiscal general, representantes diplomáticos y miembros de organizaciones humanitarias.

"Espero escuchar todas las voces y trabajar con todos los actores para promover y proteger todos los derechos humanos de todos los venezolanos", expresó Bachelet en su cuenta de Twitter luego de llegar al país.

En el marco de la visita algunas organizaciones humanitarias y grupos de familiares de “presos políticos” convocaron el jueves a manifestaciones frente a las oficinas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para denunciar los casos de violaciones y las dificultades que enfrenta la población ante la compleja crisis económica y social que golpea al país y que ha desatado la migración de cuatro millones de personas.

Asimismo, la oposición llamó el viernes a protestas en todo el país contra Maduro.

Durante la noche del miércoles la Alta Comisionada sostuvo una reunión de dos horas con el canciller Jorge Arreaza. Al final del encuentro, Arreaza indicó en un comunicado de prensa que examinó con Bachelet los "desafíos" que tiene Venezuela en materia de derechos humanos y denunció que las sanciones económicas de Washington dificultan el avance del modelo de protección social.

Asimismo, el canciller dijo que espera que la oficina de la Alta Comisionada "de manera constructiva sugiera, recomiende y oriente los mecanismos para mejorar, garantizar y preservar los derechos humanos".

"Bachelet tiene la oportunidad y la obligación de mostrarle al mundo la realidad de Venezuela sin maquillaje", afirmó el director para Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, en una entrevista con el diario chileno La Tercera.

Vivanco sostuvo que si la expresidenta chilena "no mide bien lo que dice y hace" podría terminar validando al gobierno de Maduro, al que señaló de mantener un "Estado represor".

La visita de Bachelet se da a pocas semanas de la presentación de un informe final sobre Venezuela. En marzo la funcionaria expresó su preocupación por la "magnitud" y "gravedad" de la repercusión de la crisis sobre los derechos humanos y planteó que las sanciones económicas que recibió la corporación petrolera estatal venezolana podrían agravar la situación.

cog