Colectivos esperanzados por competencia de ONU en casos de desapariciones
Guadalupe Aguilar, vocera de FUNDEJ, considera que fiscalías y comisiones de búsqueda tendrán que trabajar con más ahínco gracias a la presión internacional ejercida por la ONU.
Para Guadalupe Aguilar, vocera de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ), resulta esperanzador que el Senado de la República haya aprobado la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, con lo que este organismo podrá investigar denuncias por desaparición forzada ocurridas en el país desde diciembre del 2010. También podrá emitir solicitudes al Estado para que implemente medidas cautelares que eviten daños irreparables a la o las víctimas.
Desde el 17 de enero del 2011, el hijo de Guadalupe, José Luis Arana, despareció en Guadajalajara Jalisco. Ahora con la intervención de la ONU, casos como el suyo serán investigados.
"Lo que yo vi cuando mi hijo desaparece no es nada a lo que hay ahora, es decir, tenemos instituciones ya, tenemos una Fiscalía de Desaparecidos, tenemos una Comisión de Búsqueda, tenemos una Comisión Estatal de Atención a Víctimas, de personas capaces en cada uno de los lugares", expresó la vocera.
En la mayoría de los casos, quienes buscan a un familiar no han tenido una respuesta clara de las autoridades. Guadalupe lo atribuye a la falta de presupuesto para enfrentar este delito, pero gracias al trabajo que han realizado las familias de personas desparecidas en todo el país, se logró visibilizar el problema. Ahora las investigaciones deberán ser eficaces y completas.
"Yo creo que las agencias investigadoras, las fiscalías y comisiones de búsqueda, van a tener que trabajar más duro porque es una presión internacional ya la que se le va a dar a todos estos casos", previó Guadalupe.
Tan solo FUNDEJ agrupa a 479 personas que buscan a un familiar. De acuerdo con cifras oficiales, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas calcula que al 13 de julio de 2020, el número de personas desaparecidas en México ascendía a 73 mil 201, que son víctimas de una de las más graves violaciones de derechos humanos.
CGE
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