Corte confirma destitución del magistrado que liberó al hijo de 'El Chapo'
La Suprema Corte de Justicia de la Nación destituyó a Jesús Guadalupe Luna Altamirano tras detectar que 13 millones de pesos y más de 633 mil dólares no correspondían a sus ingresos públicos.
MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la destitución de Jesús Guadalupe Luna Altamirano como magistrado federal. El impartidor emitió fallos que permitieron la liberación de Archivaldo Iván Guzmán Salazar, El Chapito, hijo del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, así como de Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, y su pareja sentimental.
En julio de 2014, el Consejo de la Judicatura Federal (CFJ) denunció en la Procuraduría General de la República a Luna Altamirano, a quien se le detectó alrededor de 13 millones de pesos y más de 633 mil dólares que no correspondían a sus ingresos como servidor público.
También lo acusó de ser responsable en la tramitación y resolución de 12 expedientes relacionados con apelaciones de sentencia y juicios de amparo, los cuales resolvió de manera irregular.
El CJF lo destituyó por emitir fallos de manera irregular que permitieron la liberación de integrantes de la delincuencia organizada.
Con nueve votos a favor y uno en contra, el Pleno avaló el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, quien declaró infundado el recurso de revisión administrativa que presentó Luna Altamirano contra su destitución, resolución que hoy se hizo pública a través de listas de acuerdo, pero cuyo falló se emitió en sesión privada en marzo pasado.
“En lo que toca a los demás movimientos identificados como depósitos y transferencias del servidor público en las cuentas bancarias abiertas a su nombre (…) es de considerase que el implicado no acredita su origen" señaló el fallo.
Agregó que “por lo anterior, se concluye que el servidor público en su carácter de magistrado del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, incurrió en la causa de responsabilidad administrativa disciplinaria".
Esto "por haber obtenido beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorgó por conducto del Consejo de la Judicatura Federal por el desempeño de dichas funciones, representados por los depósitos de origen desconocido detectados en sus cuentas bancarias abiertas a su nombre en las instituciones de crédito".
Sostuvo que "a juicio de este órgano colegiado los planteamientos de defensa del servidor público resultan parcialmente fundados pero insuficientes para relevarlo de responsabilidad".
El caso que detonó la investigación en contra del magistrado fue la exoneración de Arturo Culebro Arredondo, El Tito, presunto lavador de dinero del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y del cártel colombiano Norte del Valle.
La Contraloría del Poder Judicial de la Federación descubrió que Luna Altamirano fue responsable por faltar al deber de presentar con veracidad las declaraciones de modificación patrimonial de 2004 a 2012.
Se identificaron movimientos por depósitos y/o abonos, cuyo origen se desconoce, por un monto total que asciende a los 2 millones 705 mil 852 pesos, y se observaron movimientos de retiro mediante cheques y transferencias, sobre los que se desconoce el beneficiario, destino y aplicación, de 8 millones 469 mil 131 pesos.
Por la primera de las cantidades, se detectaron 13 transferencias, 46 depósitos con cheques o documentos; 62 depósitos en efectivo, clasificados como otros depósitos.
En el análisis de los registros bancarios de familiares y personas relacionadas con el servidor público (ocho personas cuyos apellidos coinciden con alguno de los dos del magistrado suspendido), se detectaron 300 depósitos por un monto total de un millón 970 mil 440 pesos, concentrándose en una mujer el 61 por ciento de ellos.
Asimismo, resultaron trascendentes 411 movimientos por retiros o cargos por diversos conceptos, cuyo propósito y aplicación se desconoce, en una cuenta a su nombre por un total de 8 millones 469 mil 131 pesos.
En dólares americanos se detectaron 127 operaciones por un total de 633 mil 981 dólares.
En 2010, el magistrado destituido refirió la donación de una propiedad ubicada en la delegación Coyoacán, con valor
mvls
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