Responde PAN a señalamientos de oposición

El proceso penal en contra de la ex alcaldesa de León, Bárbara Botello Santibañez, no es ninguna "cacería de brujas" ni conlleva tintes políticos, afirmó el dirigente local del Partido Acción Nacional  en León, Alfredo Ling Altamirano.

En entrevista con este medio, el panista desmintió las acusaciones de líderes partidistas de oposición quienes señalan que las acusaciones y el procedimiento de la Fiscalía pudiera prestarse a interpretaciones que no van acordes al marco de la legalidad.

"Aquí lo importante es que hay un proceso, el auto de formal prisión es definitivo, en relación a lo que se litiga es una libertad condicional, (...) la inculpada aún está bajo proceso y eso es lo importante, habrá que continuar con ese proceso y tiene que estar yendo a firmar no está en libertad", enfatizó.

Ling Altamirano dijo confiar en las instituciones que llevan el caso para que el proceso en contra de la también ex diputada federal llegue hasta el final: "Aquí no hay ninguna cacería de brujas ni estamos hablando de un asunto político, es un asunto totalmente apegado a derecho, es un proceso penal y la ex alcaldesa está sujeta a proceso penal".

Sobre las voces que acusan una posible mala actuación de la Fiscalía del Estado contra actores políticos de oposición, el líder panista aseveró que eso sí es "grilla política" al reiterar que en el caso de las acusaciones contra Botello Santibáñez, sí culminaron en una orden de aprehensión y a su vez en un auto de formal prisión.

"Esas acusaciones (contra panistas) no tienen ninguna orden de aprehensión para ser cumplimentada a diferencia del caso que nos ocupa, cuando alguien lo intentó, no sé si todos esos proceso culminaron con una orden de aprehensión, pero en este caso sí hay una orden de aprehensión", comentó.

"No confundamos, aquello es grilla política, esto es un asunto jurídico penal, no tienen punto de comparación", puntualizó.

Cabe recordar que a mediados de junio del 2013, diputados de extracción priista presentaron denuncias contra el ex gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Se le acusó de malversación de fondos en la adquisición de terrenos para lo que sería una nueva refinería en el municipio de Salamanca, también para el derecho de vía del Tren Interurbano y para el Parque Guanajuato Bicentenario, sin embargo, el primer caso prescribió en junio de 2017.