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Violencia digital con IA no es castigada por la justicia en México

En México, se han abierto 8 mil 854 carpetas de investigación por delitos contra la intimidad sexual, pero sólo dos han emitido sentencia.

Azucena Rangel Ciudad de México /

Miles de mujeres en México son víctimas de la violencia de género digital cada año. Los agresores con la Inteligencia Artificial (IA) han encontrado nuevas maneras de ejercer violencia con imágenes apócrifas y generadas por algoritmos.

De acuerdo con información obtenida por el Frente Nacional para la Sororidad, entre 2019 y 2023 se han abierto 8 mil 854 carpetas de investigación por delitos contra la intimidad sexual (tipificación de la violencia digital), de las cuales solo se habían emitido dos sentencia y cinco acuerdos reparatorios a las víctimas, pero ninguno por el uso de inteligencia artificial para cometer violencia digital.

SABER MÁS
¿Qué es la violencia digital?
Según el portal del gobierno de México, la violencia digital son actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, mensajes de odio, vulneración de datos o información privada realizados mediante el uso de tecnologías de la información. Para sancionar este tipo de agresiones existe la Ley Olimpia, aprobada en 28 estados del país.


Un caso emblemático ocurrió en diciembre del año pasado cuando un tribunal de la Ciudad de México absolvió a Diego 'N', ex estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quien presuntamente alteró y vendió fotografías de sus compañeras de clase desnudas, creadas con IA.

Lona que expone la Ley Olimpia por parte del gobierno de la Ciudad de México / Ethan Balanzar
Lona que expone la Ley Olimpia por parte del gobierno de la Ciudad de México / Ethan Balanzar


La abogada de las víctimas, Valeria Martínez, declaró que durante la audiencia de absolución el juez dijo que no había elementos suficientes para determinar que esta persona había cometido el delito.

Tras este fallo, abogadas y defensoras tienen claro que es necesario especializarse en la materia, porque aunque actualmente exista una legislación que busca castigar a todos aquellos agresores de las redes, en los hechos es complicado ante la dificultad para probar el delito.


En muchos casos los agresores lo hacen desde ordenadores o equipos que no son de su propiedad, por lo que no hay maneras de probar que los supuestos agresores elaboraron el contenido.

Creo que hace falta que las personas conozcamos las implicaciones de la violencia digital, teníamos la ley Olimpia pero aún así las fiscalías no sabían cómo manejar la inteligencia artificial (…) Creemos que es necesario que se haga un protocolo de cómo investigar este tipo de delitos, con inteligencia artificial, como juzgar estos delitos”, enfatizó Valeria Martínez, representante de las víctimas del IPN.

La tipificación de la violencia digital en México

Actualmente, la tipificación de la violencia digital incluye a aquellas imágenes son fabricadas y no necesariamente proporcionadas por la víctima, pero ni en los Tribunales, ni en los Poderes Judiciales estatales existe información pública respecto a protocolos para juzgar este tipo de casos, incluso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no hay ninguna sentencia que hable respecto al uso de la IA para cometer delitos cibernéticos.


En este sentido, la abogada Leslie Jiménez, explicó que es necesaria la capacitación de peritos especializados en materia de inteligencia artificial, quiénes puedan determinar no solo que las imágenes fueron fabricadas sino también que la persona acusada es la que cometió el delito ya que actualmente hay una laguna jurídica en ese sentido.

“Una cosa es decir esta es mi computadora, este es mi teléfono, esta es mi aplicación, de mi número salieron estas imágenes, pero no hay una acreditación más allá de duda razonable, que yo lo hice o que lo pudo haber hecho otra persona que tuvo acceso a mi dispositivo”, enfatizó.

Las abogadas feministas hicieron un llamado a las autoridades para especializarse en la materia, tomando en cuenta que es un delito con el riesgo de aumento debido a que no existen protocolos que sustenten las carpetas de investigación. El objetivo es garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.


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