CNDH lanza recomendación a gobernador de Veracruz por caso de July Raquel

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 51VG/2022 al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, y a la fiscal general de la entidad, Verónica Hernández Giadáns, por las violaciones graves a derechos humanos cometidas contra July Raquel.

La mujer sufrió tortura y abuso sexual, luego de ser detenida en la Ciudad de México y posteriormente trasladada a Veracruz por policías ministeriales.

El 17 de noviembre de 2020, Etelvina Garfias, madre de July, presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz en la que manifestó que su hija había sido detenida por policías en la alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México, y luego trasladada a Veracruz, en cuyo trayecto fue golpeada y amenazada. Por la gravedad del caso, la CNDH ejerció su facultad de atracción e inició la investigación correspondiente.

La investigación de la CNDH acreditó que la víctima fue objeto de diversos actos de tortura, a través de agresiones físicas, psicológicas y sexuales, con lo cual las autoridades involucradas lograron que aceptara la presunta comisión de un delito.

Las secuelas generadas quedaron constatadas a través del Informe de Evaluación Psicológica, conforme a lo establecido en el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes “Protocolo de Estambul”, en el que se dictaminó que la víctima aún presenta en su comportamiento manifestaciones como insomnio, ansiedad, hipervigilancia, respuesta exagerada de sobresalto, rechazo a la interacción con hombres y alteración de su respuesta sexual.

Se determinó que los agentes estatales tenían la obligación de garantizar la integridad de la persona detenida hasta que fuera puesta a disposición de la autoridad competente, generando condiciones de seguridad y libres de cualquier acto o contexto de violencia, debido a su género. Sin embargo, los policías hicieron uso de técnicas ilegales para obtener su confesión, utilizando su cuerpo y su sexualidad como un elemento más para infligir en ella actos que la afectaron gravemente.

Del mismo modo, tanto el médico adscrito a la Dirección General de la Policía Ministerial, como las autoridades del penal de Pacho Viejo, también vulneraron sus derechos fundamentales, pues tuvieron conocimiento de los posibles actos de tortura y violencia sexual cometidos y, a pesar de ello, omitieron denunciarlos.

La CNDH solicitó al gobernador de Veracruz inscribir a July Raquel en el Registro Estatal de Víctimas; evaluar si existen otras víctimas indirectas del caso, a fin de que puedan acceder a una reparación integral del daño; y colaborar en la presentación de las quejas y denuncias que la comisión nacional formule ante las instancias correspondientes, con la finalidad de que se investigue la responsabilidad de las personas servidoras públicas que hayan participado en los hechos.

A la fiscal general de la entidad le solicitó reparar integralmente el daño causado a la víctima, incluyendo para ello una compensación justa y suficiente; colaborar en las denuncias y quejas que se presenten para deslindar responsabilidades; actualizar el protocolo de diligencias básicas a seguir por el ministerio público en la investigación de los delitos contra la libertad, la seguridad sexual, contra la familia, de violencia de género y feminicidio; así como de otros protocolos para la investigación de delitos contra la integridad personal.

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