Continúa audiencia de César Duarte con testigos protegidos en Chihuahua

El sábado se retomó la audiencia del ex gobernador César Duarte en Chihuahua por su presunta participación en los delitos de asociación delictuosa y peculado por la cantidad de más de 96 millones de pesos. Entre las pruebas aportadas por el Ministerio Público se han presentado declaraciones de cuatro testigos protegidos.

Uno de testigos, quien fue identificado en la audiencia pública como director general de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua durante el sexenio de César Duarte, dijo que, derivado de sus funciones, tuvo conocimiento de que se liberaron recursos públicos para beneficiar al ex gobernador.

Al dar lectura a la declaración que ese testigo rindió, el agente del Ministerio Público le informó al juez de control, Humberto Chávez Allende, que esta persona atendió instrucciones directas e indirectas de Duarte Jáquez para simular operaciones que permitieran justificar la salida de recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo en beneficio de la Unión Ganadera Regional División del Norte y a la Financiera de la División del Norte S.A. de C.V. , SOFOM E.N.R.

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El testigo afirmó que en el 2012 estuvo en una reunión donde el entonces gobernador Duarte Jáquez giró instrucciones para que se agilizaran los trámites pendientes para la construcción de un rastro en Saucillo, que finalmente se adjudicó a una empresa propiedad del hijo de César Duarte.

El mismo testigo señaló que Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, quien en el gobierno de Duarte se desempeñó como director del Fideicomiso Estatal para el Fomento de la Actividades Productivas, lo presionaba para que firmara convenios y otros documentos que no cumplían los requisitos de ley, pero al autorizarlos se liberaban recursos públicos.

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El fiscal señaló que ese declarante dijo que también recibió órdenes y presiones de Cristian Rodallegas, quien fue secretario de Hacienda de Chihuahua en la administración de Duarte, para autorizar convenio y otros documentos que simulaban procedimientos administrativos y permitían entregar recursos público a la Unión Ganadera y a la Financiera.

El ex mandatario de Chihuahua está acusado de haber incurrido en los delitos de peculado y asociación delictuosa por presuntamente haber desviado 96 millones 685 mil 253 pesos que estaban en varias cuentas de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua y cuyo destino era exclusivamente para fines públicos.

jvl