Fiscalía abre nueva investigación por Cártel Inmobiliario; relacionan a más administraciones de la BJ

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) informó que sigue una nueva línea de investigación sobre la corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, en la que pueden estar involucrados funcionarios de alto nivel en diferentes administraciones de dicha demarcación.

En un mensaje a medios, el vocero de la fiscalía capitalina, Ulises Lara dijo que los datos de prueba aportados por uno de los ex funcionarios procesados “podrían configurar la posible asociación delictuosa de personajes de alto nivel jerárquico en diferentes administraciones de la alcaldía Benito Juárez, que se sumaría a las indagatorias por la violación de uso de suelo en dicha investigación”, explicó el funcionario.

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Lara señaló que las indagatorias hechas por la dependencia sobre las actividades de las empresas y el papel que jugaron los imputados, “podrían configurar los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal”, por lo que no descartó que el caso sea turnado a las autoridades federales competentes.

Paralelamente dijo que se consolida el caso para establecer el modus operandi y la serie de actividades delictivas en las que un grupo de servidores y ex servidores en la alcaldía Benito Juárez incurrió deliberadamente en el sector inmobiliario, así como el grado de intervención y la probable participación de más personas en la red de corrupción inmobiliaria.

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El vocero confirmó la vinculación a proceso de Ismael ‘N’, Alejandro ‘N’ y José ‘N’, ex servidores públicos de la entonces delegación Benito Juárez durante la administración de Christian Von Roehrich (2015 – 2018), quien cuenta con una orden de aprehensión en su contra, también por actos de corrupción en el sector inmobiliario.

El vocero de la fiscalía capitalina señaló que los tres procesados posiblemente autorizaron que se suscribieran contratos con diversas empresas a las que se les pagaron más de 207 millones de pesos, lo que generó un daño al erario de la Ciudad de México, ya que las corporaciones con las que se suscribieron dichos documentos no operaban y por lo tanto las obras contratadas no se llevaron a cabo.

PGG 

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