'Destaparán' a empresas que ocultan operaciones

Una matrioshka es una muñeca tradicional rusa, hueca, en cuyo interior se esconden otras muñecas, una más chica que la otra.

En una misma pueden esconderse hasta 20 figuras, aunque se dice que el récord lo tiene una que ocultaba 75 muñecas.

Algunas empresas en México y en el mundo funcionan como una matrioshka: esconden tras su nombre a varias otras compañías o sus socios esconden a varios otros socios. Son empresas fantasma o personas “prestanombres”.

Generalmente, entre esos nombres, ocultos tras varias capas, está el de la persona que verdaderamente controla a una compañía: quien tiene el mayor poder de decisión, ya sea por el número de acciones que posee, por la posición que ocupa en la estructura o por las relaciones de poder político o económico que mantiene con otros personajes.

A esa persona, los especialistas le han denominado “beneficiario final”.

Tras los ‘beneficiarios finales’

Es “beneficiario final” la persona que tiene la última palabra y que termina disfrutando de las ganancias y privilegios de una contratación.

Esos personajes pueden ser, desde luego, empresarios honestos, pero también pueden ser políticos corruptos, lavadores de dinero, financiadores del terrorismo o hasta integrantes del crimen organizado.

“El beneficiario final que se esconde es el que te causa incertidumbre. Es un socio, no es un tipo de delincuente, pero hay de beneficiarios finales a beneficiarios finales: puede tener 0.5 por ciento de las acciones, pero voto de calidad en el Consejo de Administración. No es sólo dinero, es poder de decisión”, explica Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana.

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Por eso, si esa empresa firma contratos pagados con dinero público, el nombre del “beneficiario final” debe transparentarse.

En 2016, durante su participación en la Cumbre Global Anticorrupción en Londres, México se comprometió a crear un padrón de “beneficiarios finales”. Es una de las recomendaciones permanentes del Grupo de Alto Nivel para el Financiamiento Ilegal (GAFI), al que pertenece México. Pero en ese entonces nada se hizo para avanzar en ello.

En diciembre de 2019, la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), una plataforma de colaboración entre gobierno y sociedad civil, asumió el tema de transparentar beneficiarios finales del sector de industrias extractivas como uno de los 13 compromisos de su Cuarto Plan de Acción.

El primer paso

A finales de agosto pasado, se dio el primer paso. La “patada inicial del partido”, como la llama Adrián Alcalá, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la dio precisamente este instituto, con miras a que en 2023 se cuente con el padrón prometido, pero no solo de las industrias extractivas, sino general.

El 31 de agosto, en sesión pública del pleno del INAI, se aprobó el documento titulado Datos Mínimos indispensables sobre beneficiarios finales, que servirán como criterio para su publicidad.

Se trata de un catálogo de los datos reales y actualizados que las empresas y los socios tendrán que hacer públicos si quieren conseguir un contrato con algún gobierno en el país, ya sea a nivel municipal, estatal o federal.

“Estás siguiendo el mismo principio que sigues con alguien que recibe un programa social. Yo tengo derecho a saber a dónde va el dinero público. Nada más que en uno son 3 mil 500 pesos (de beca, por ejemplo) y en otro son 3 mil 500 millones de pesos (de un contrato). Es el mismo principio”, precisa Bohórquez.

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Quién es quién

El catálogo aprobado por el INAI enlista los datos con los que se puede conocer quién está verdaderamente detrás del control de una empresa.

Entre ellos están: el nombre completo de la empresa, el nombre completo de las personas físicas o morales que tengan algún nivel de propiedad o control sobre esa empresa, las características de esa propiedad o control que esas personas ejercen sobre la empresa, es decir, el porcentaje con el que participan y si, además de socios, son, por ejemplo, administradores o comisarios.

Esas personas también deberán especificar si entre sus conocidos o familia se les conoce de alguna otra manera o si tienen un alias, así como si son hombres o mujeres, su RFC, y en caso de ser extranjeras, su identificación, su nacionalidad, su fecha de nacimiento y el nombre de su país de origen.

Todos esos datos parecen, hasta aquí, obvios. Pero hay algo más que puede ser ‘la vuelta de tuerca’: entre los datos mínimos más relevantes que debe dar a conocer cada persona con propiedad o control sobre las empresas, está el de su estatus como Persona Políticamente Expuesta (PEP), el país de donde lo son y las fechas de inicio y de conclusión de ese estatus.

“Las PEP domésticas son individuos que cumplen o a quienes se les han confiado funciones públicas prominentes internamente, como por ejemplo los Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales o judiciales de alto nivel o militares de alto rango, ejecutivos de alto nivel de corporaciones estatales, funcionarios de partidos políticos importantes”, explica el catálogo.

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También el catálogo pide que las personas den a conocer si son servidores públicos y la institución en la que trabajan.

Asimismo, requiere que se especifiquen las fechas en las que se hacen movimientos dentro de las empresas y las fechas en las que cada personas física o moral que posee o tiene control en las decisiones comenzó, modificó o finalizó su participación.

En el caso de que quien posee o controla a otra empresa, sea una persona moral, se deberá notificar de qué tipo es, la razón social, el nombre comercial, el documento legal que la valide, su RFC, folio de acta constitutiva, folio en el Registro Público del Comercio, datos de la notaría, nombres de sus apoderados legales y las características de sus socios, entre otros datos.

El secreto de la matrioshka

Transparencia Mexicana, que encabeza Eduardo Bohórquez, es la organización que ha impulsado en México la creación del padrón de beneficiarios finales junto con el INAI y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La organización conoce bien el esquema de la matrioshka, porque es un problema global, y por eso su director ha colaborado en diseñar la estrategia para su desmantelamiento.

“El problema es que escondes la estructura de una compañía cuando no quieres que se sepa que tienes funcionarios públicos dentro de una empresa que contrata con el gobierno. Puede no ser ilegal la contratación, pero si escondes que tienes un funcionario metido ahí, te da ventajas.

La otra cosa es que quieres esconder una empresa si estuvo inhabilitada o si está inhabilitada. Lo que haces es que la reconstituyes (con otro nombre) y la haces accionista de otra empresa y de otra empresa: he ahí la matrioshka. Es decir, hay una intención de esconder quién es la empresa que realmente es la dueña y le creas una fachada”, continúa.

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Otra modalidad es la empresa

, una empresa fachada, sin personal ni infraestructura, que se crea para obtener contratos ilegalmente. 

Luego está un esquema más sofisticado: “tú declaras tener cierta estructura accionaria para lograr el contrato, pero después de que lo firmas, la modificas en su interior”.

Bohórquez expone que cuando ya ganó un contrato público, vender una empresa tiene un valor distinto.

“Eso permite otro tipo de esquemas fraudulentos, como apalancar créditos porque el contrato es tu garantía para otras operaciones”, dice.

Finalmente, la última modalidad es que dentro de la empresa “se cuelen un montonal de socios que, en realidad, son operadores de recursos ilegales en otros países, que sirven para capitalizar una empresa para ganar un contrato y luego se desaparecen; eso tiene que ver con lavado de dinero o de financiamiento ilegal o de fraudes”.

Este tipo de esquemas tramposos no es exclusivo de México, sino es un tema global, dice Bohórquez, quien pone como ejemplo una situación que está ocurriendo en el Reino Unido mediante este tipo de fraudes.

“Ahorita, hay un debate muy grande en el Reino Unido sobre cómo oligarcas rusos compran departamentos en Londres, escondiendo a los beneficiarios finales; entonces, hay pedazos completos en la capital británica que no están habitados y que sólo sirven para lavado de dinero defraudado en Rusia o en Bielorrusia o en otro país”, detalla.

Además, los paraísos fiscales revelados con los Panama Papers o los Pandora Papers ilustraron también la necesidad de actuar sobre el tema.

La oposición

La primera resistencia previsible para crear el padrón de beneficiarios finales es que las empresas no acepten transparentar su estructura.

Lo sabe Transparencia Mexicana porque desde hace ocho años, como parte de la Iniciativa para la Transparencia en Industrias Extractivas (EITI, por su sigla en inglés), ha impulsado que las empresas del sector minero digan cuánto pagan de impuestos, cuánto pagan de regalías y quiénes son sus socios.

Cuando se quisieron aplicar esas exigencias en México, como parte del compromiso de la AGA, vino la oposición. El argumento: son datos confidenciales.

“El mismo argumento que nos dio la clase política con la declaración 3de3: que si la seguridad, que si el buen uso, ‘¿para qué lo quieres tener?’, ‘¿por qué quieres saberlo?’”, se queja Bohórquez.

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Fue entonces cuando entró el papel del INAI, la única autoridad en México que puede evaluar qué importa más: si proteger el dato personal del beneficiario final por considerarse que puede ser confidencial o transparentarlo por tratarse de un tema de interés público.

“Reconociendo que existe una demanda de fortalecimiento del Estado de Derecho para acabar con la corrupción y evitar el lavado de activos, el INAI aplicó una prueba que se llama ‘de interés público’, en donde, se determinó que interés de la sociedad está por encima de los datos personales”, explica el comisionado Adrián Alcalá.

La declaración del beneficiario final

De acuerdo con Bohórquez y Alcalá, la empresa que pretende obtener el contrato es quien debe informar quiénes son sus beneficiarios finales.

“La empresa te tiene que decir ‘mis socios son éstos y este es el poder de decisión que tienen en la empresa’”, dice el director de Transparencia Mexicana.

Esa declaración se hará “bajo protesta de decir verdad” y deberá ser revisada por funcionarios públicos, ya sea de la Secretaría de la Función Pública o de la Secretaría de Hacienda; eso depende de cuál de esas instituciones quede a cargo de la plataforma CompraNet, en la que dicha declaración deberá incorporarse como parte de los documentos del expediente de la contratación.

Esos son los siguientes pasos a seguir después de “la patada inicial”: definir quién se hará responsable, cómo incorporarlo a CompraNet, cómo será el procedimiento de revisión y qué pasará cuando se detecten falsedades.

En ello, la SFP, Hacienda, el INAI y Transparencia Mexicana tendrán que trabajar durante los próximos meses. La meta es tener todo listo a finales de 2023.

COG