¿Donald Trump puede hacer deportaciones masivas de mexicanos? Esto dice la ley
La amenaza de deportaciones masivas hecha por Trump, no solo inquieta a migrantes, sino también a empleadores que dependen de mano de obra indocumentada.
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Durante su campaña política, Donald Trump prometió múltiples veces deportaciones masivas de inmigrantes | Agencia AP
La posible implementación de un plan de deportaciones masivas por parte del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha desatado preocupación tanto en la comunidad inmigrante como en sectores clave de la economía estadounidense.
Con su próxima toma de posesión, los detalles sobre cómo se llevarían a cabo los arrestos, encarcelamientos y expulsiones de millones de extranjeros siguen siendo inciertos, pero las declaraciones de sus aliados y las bases legales existentes dan una idea del alcance y las limitaciones de estas medidas.
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¿Qué complicaciones podría enfrentar el plan de Trump?
Tom Homan, nominado por Trump como responsable de liderar las operaciones de deportación, ha revelado algunos elementos del plan, como el despliegue de miembros del ejército en apoyo a las autoridades federales, la instalación de campamentos en la frontera sur y un enfoque acelerado en ciudades como Chicago. Sin embargo, expertos en leyes migratorias y constitucionales han señalado serios obstáculos legales, logísticos y económicos que dificultarían la ejecución de estas medidas.
Por un lado, se estima que el costo de un programa de esta magnitud alcanzaría los 88 mil millones de dólares anuales, una cifra que requeriría la aprobación del Congreso. Además, el sistema judicial de inmigración enfrenta un rezago histórico, con 3.7 millones de casos pendientes y un tiempo promedio de resolución de cinco años por caso. Incluso con la contratación masiva de jueces y agentes, estos retrasos representan un freno significativo.
¿Qué dice la ley?
De acuerdo con la jueza Dana Leigh Marks, presidenta honoraria de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, las propuestas de Trump enfrentan múltiples impedimentos legales.
Por ejemplo, las leyes que permitirían la intervención militar en territorio estadounidense, como la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y la Ley de Insurrección de 1807, no aplican en este contexto, ya que requieren escenarios de guerra o rebelión. Además, cualquier medida que busque eliminar derechos básicos enfrentaría impugnaciones judiciales inmediatas.
Our Country is a disaster, a laughing stock all over the World! This is what happens when you have OPEN BORDERS, with weak, ineffective, and virtually nonexistent leadership. The DOJ, FBI, and Democrat state and local prosecutors have not done their job. They are incompetent and…
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2025
La abogada Rebeca Sánchez-Roig también destaca que la Constitución de Estados Unidos garantiza el debido proceso a todas las personas en su territorio, independientemente de su estatus migratorio. Esto incluye el derecho a impugnar deportaciones en tribunales, lo que hace inviable la ejecución de arrestos y expulsiones masivas sin pasar por procedimientos legales adecuados.
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¿Cuáles serían las consecuencias sociales y políticas?
Más allá de los desafíos legales y financieros, los planes de Trump también requieren la cooperación de los estados y países de origen de los inmigrantes. Varios estados gobernados por demócratas ya han manifestado su oposición a desviar recursos locales para apoyar estas medidas, mientras que naciones como Cuba, China y Venezuela tienen antecedentes de no aceptar deportados.
En resumen, aunque Trump puede intentar avanzar con su estrategia de deportaciones masivas mediante órdenes ejecutivas, el cumplimiento de estas medidas enfrenta serias limitaciones prácticas y legales. En palabras de Marks, aunque es probable que estas propuestas generen “caos y miedo” en las comunidades inmigrantes, es poco probable que alcancen el éxito completo que el presidente electo promete.
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