Una juez de Estados Unidos ordenó el pago de 2.5 millones de dólares al Gobierno de México como resultado de los bienes del ex secretario de Seguridad Pública en Florida.
De acuerdo al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, hay suficiente evidencia para reclamar ese dinero que se enmarca en un hecho sin precedentes.
Los abogados del ex director de Pemex aseguraron que el monto de 10 millones 736 mil 351.7 dólares fue fijado por el gobierno federal y no por su cliente.
Ernestina Godoy, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) solicitó información de manera formal sobre los ex funcionarios de Benito Juárez.
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera mostró un entramado de empresas, con asiento en Florida, que suscribieron diez contratos con el gobierno federal.
La red de bienes del ex secretario, ubicada en islas exclusivas, está valuada en unos 358 millones de pesos, monto que el gobierno mexicano quiere recuperar con un juicio civil en una corte de Florida.
