Descarta violencia política Tribunal Estatal Electoral contra Rosaura Guerra
Magistrados instaron al Congreso a tomarle protesta sin establecer un plazo específico.
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Tribunal Estatal Electoral descarta violencia política contra Rosaura Guerra | Especial
El Pleno del Tribunal Estatal Electoral (TEE) decidió por mayoría desistir el juicio de MC que involucra la renuncia de Alhinna Vargas del PRI y la falta de acción del Congreso local.
Aunque se descartó la violencia política y se establecieron criterios diferenciados, se vinculó al Congreso a tomarle protesta a la suplente emecista, Rosaura Guerra.
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Los magistrados señalaron que Guerra no experimentó violencia política, pero instaron al Congreso a tomarle protesta sin establecer un plazo específico, dejando esa decisión en manos del legislativo.
Originalmente, Claudia Patricia De la Garza, magistrada ponente, había propuesto declarar que el Congreso fue omiso al no haber dado trámite a la renuncia de Vargas, lo que interpretó como violencia política contra Guerra, sin embargo, éste argumento no convenció a sus compañeros.
Por ello, el presidente del TEE, Eduardo Bautista, ordenó el retorno del proyecto para robustecer con la opinión del Tribunal para sustentar en definitiva el juicio con las consideraciones y razones de la mayoría.
“Se declara el sobreseimiento del juicio respecto de la omisión de dar trámite a los escritos del dieciocho de agosto y seis de septiembre.”
“Son infundados los agravios en contra de la omisión atribuida al Presidente del Congreso del Estado; de la vulneración al principio de paridad en la integración del órgano legislativo y los que giran en torno a la violencia política en razón de género en contra de la mujer y violación institucional en perjuicio de la promovente”, señaló Baustista.
El titular del TEE consideró fundada la transgresión a la debida integración y funcionamiento del órgano legislativo, por lo que lo vinculó a dar trámite al escrito de renuncia de Vargas García y tomar la protesta de ley a Guerra Delgado como diputada local, sin establecer plazo.
Pero en el cuerpo del proyecto, más no del resolutivo, detalló que una vez notificado el Congreso, debe obligatoriamente tomarle protesta a Guerra.
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El pasado 1 de septiembre, Guerra presentó un juicio para la protección de los Derechos políticos-electorales del ciudadano (JDC) ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE).
El JDC está en contra de la omisión de la presidencia del Congreso de dar trámite a la solicitud de licencia presentada por la ex Diputada, Alhinna Vargas, pues presuntamente por ley deberá integrarse al Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano.
Guerra, por su parte, indicó que el PRI y PAN la obstaculizan de cumplir con su deber con los ciudadanos como diputada local de la Bancada Naranja.
La semana pasada, el congreso local retornó la renuncia de Alhinna Vargas a la nueva comisión especial para investigar las causas reales de la sistemática renuncia y el acoso en contra de diputados de oposición, pero no definió qué ocurría con Guerra.
En los asuntos en cartera ingresó un escrito de Gabriela Govea, presidenta de la Comisión de Gobernación, mediante el cual respondió que debía irse el asunto a la comisión citada, debido a que Vargas presentó la renuncia por presunta presión del estado.
“El cuerpo técnico ha considerado allegarse de más elementos que ayuden a determinar la razón justificada que orilló a la diputada a solicitar una renuncia con carácter de irrevocable y uno de estos elementos consideran, serían las determinaciones que la Comisión Especial otorgue, por tal motivo y con la plena determinación de llevar a cabo el proceso legislativo de la forma adecuada y contar con una resolución firme y competente, que nos ayude a tener una mejor óptica del caso en concreto, en el entendido de la ambigüedad del escrito presentado no deja claros los motivos de la separación del cargo, consideramos que el dictamen no puede realizarse en el momento”, se lee en la justificación de Govea.
El 18 de agosto de 2023, Vargas presentó un oficio dirigido a la presidencia del Congreso mediante el cual presentó solicitud de licencia para retirarse del cargo que ostenta como diputada propietaria.
Luego, el 6 de septiembre se dio cuenta de un escrito presentado por Vargas, en la cual informa que no ejercería el cargo de diputada local por un periodo de tiempo.
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